En un estado del norte los precios suben desde hace meses. En una cena familiar, una persona dice que la culpa es del presidente; otra, que la gobernadora tiene el presupuesto y las decisiones locales. Las dos coinciden en que alguien debe pagar el costo en la urna; discrepan en quién. La escena es imaginaria, pero plantea un problema que las teorías del voto económico suelen dar por resuelto: para premiar o castigar, hay que saber a quién se premia o se castiga.
¿A quién se le reclama por la economía cuando el poder está repartido entre niveles de gobierno? Gélineau, Turgeon, Dufresne y Déry (2025) parten del modelo clásico de recompensa y castigo, según el cual quienes votan reeligen a quien gobierna si el desempeño fue bueno y lo sacan si fue malo, y de la idea de «claridad de responsabilidad»: la economía pesa más en el voto cuando las instituciones dejan claro quién es responsable. Casi toda la evidencia viene de democracias consolidadas de Europa, Canadá y Estados Unidos. En América Latina se sabe menos, y menos aún del nivel subnacional, donde la gobernación puede quedar a la sombra de la presidencia.
El estudio examina cuatro federaciones recién (re)democratizadas: Argentina, Brasil, México y Venezuela. Usa la encuesta AmericasBarometer de 2010, que pregunta por quién se votaría para gobernador si la elección fuera el domingo; la variable es la intención de voto por el gobernador en funciones frente a la oposición. Combina esas respuestas con datos fiscales de cada estado: cuánto transfiere el gobierno federal por habitante, estandarizado por país, como medida de qué tan dependiente (centralizado) es cada estado. De 6,834 entrevistas, el análisis usa 3,556 observaciones, porque muchas personas no declararon su preferencia, sobre todo en Brasil.
Las hipótesis son tres. La primera es el modelo de referéndum: en estados dependientes del centro, el apoyo al gobernador sigue la política nacional (la economía del país y la popularidad presidencial). La segunda, el voto retrospectivo sobre el gobernador: en estados fiscalmente independientes, pesa más la economía del estado. La tercera es el efecto de partido: la política nacional pesa aún más si gobernador y presidente son del mismo partido.
Los resultados son mixtos. La evaluación de la economía nacional no se relaciona con la intención de voto por el gobernador, lo que contradice la primera hipótesis. La aprobación presidencial sí: en estados centralizados, mejor aprobación del presidente se asocia con más apoyo al gobernador, sobre todo cuando es del mismo partido. La economía del estado se asocia con el apoyo al gobernador, pero de forma moderada y por igual en estados centralizados y descentralizados, lo que no respalda la segunda hipótesis ni el argumento de la claridad de responsabilidad. Y en la tercera hay un hallazgo inesperado: en estados centralizados, los gobernadores del partido del presidente ven bajar su probabilidad de apoyo cuando mejora la percepción de la economía nacional.
Los autores concluyen que el apoyo a gobernadores se asocia débilmente con la economía y más con la aprobación presidencial. Interpretan que quienes votan atribuyen mal las condiciones económicas, siguiendo a Achen y Bartels, y que no distinguen bien lo que corresponde al nivel nacional y lo que corresponde al estatal. Plantean además que la rendición de cuentas electoral podría estar siendo sustituida por otras formas de rendición de cuentas.
Según este estudio, se le reclama sobre todo al presidente, incluso por lo que pasa en los estados, y el reclamo al gobernador por la economía local es moderado y no cambia con cuánto dependa el estado del centro. El artículo reseña también la expectativa contraria: la descentralización debería acercar a quienes votan a quienes gobiernan y mejorar la rendición de cuentas local, y algunos estudios de la región encuentran que el contexto institucional sí aclara quién es responsable. Con estos datos no se puede decidir entre las dos lecturas.
Los autores señalan varios límites. La medida de centralización fiscal no es la óptima (lo ideal sería el porcentaje del gasto estatal que financian las transferencias, pero no había datos comparables). Los resultados podrían no extenderse más allá de cuatro grandes federaciones recién democratizadas. La evaluación de la economía del estado se preguntó de forma relativa a la economía nacional, no como una pregunta retrospectiva estándar. Los datos son de 2010 y de una encuesta que no es de estudio electoral. Y al excluir la aprobación presidencial, la asociación de la economía con el apoyo a gobernadores se atenúa.
El artículo está en inglés y es de acceso abierto. Las Figuras 2 a 4 muestran las probabilidades por tipo de estado y de partido. Para probar la idea, elige un estado y una crisis económica y pregunta a distintas personas a quién culpan. ¿Cambia la respuesta según qué tan visible sea quien gobierna?
Referencias bibliográficas
Gélineau, F., Turgeon, M., Dufresne, Y., y Déry, A. (2025). Electoral accountability in a multilevel governance context: Economic voting and gubernatorial support in Latin America. Journal of Politics in Latin America, 17(1), 29–52. https://doi.org/10.1177/1866802X241277216 Acceso abierto: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1866802X241277216
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