Una alcaldesa termina su periodo con obras a medias y varias denuncias. En la elección siguiente su partido pierde diez puntos, pero gana por poco. Una vecina dice que los votantes la castigaron; otro, que no la castigaron lo suficiente porque sigue en el cargo. Es una escena inventada, pero deja ver que cuánto se castiga depende de qué se esté midiendo.
¿Sirven las elecciones para pedir cuentas a quienes gobiernan? A esa expectativa, que el voto premie o castigue a quien gobierna, la ciencia política la llama rendición de cuentas electoral. La teoría que Maloy (2014) llama básica dice que sí: el electorado hace que quienes gobiernan ganen o pierdan el cargo mediante elecciones periódicas y así influye en las políticas por la amenaza de la sanción. Maloy parte de una distinción para revisar la evidencia. Separa una cadena de tres eslabones, de elecciones a sanción y de sanción a gobierno que responde, y dos vínculos: el que va del voto a la sanción y el que va de la sanción a la política. También separa dos ideas que suelen confundirse: la rendición de cuentas (que exista una sanción) y la capacidad de respuesta (que el gobierno haga lo que se espera). Una puede existir sin la otra.
Con ese marco revisa estudios recientes en tres áreas: voto económico, corrupción y congruencia entre lo que quiere la ciudadanía y lo que hacen sus representantes. Los resultados van de positivos a negativos, y su balance es que la tendencia de las últimas dos décadas es hacia resultados condicionados o negativos. No pretende una revisión exhaustiva: clasifica los estudios con las propias conclusiones de sus autores, y las tablas son ilustrativas.
En voto económico, el estudio más amplio que reseña analiza todas las democracias entre 1950 y 1990 y usa como variable la supervivencia del gobierno en el cargo: casi ninguna variable económica tuvo un efecto significativo. En Polonia, otro estudio encuentra que los legisladores de la coalición gobernante con mal desempeño económico tenían menos probabilidad de reelegirse, pero solo quienes no cambiaron de partido antes de la elección, y uno de cada tres cambió. En corrupción, un estudio de las auditorías a gobiernos municipales de Brasil mostró que la reelección de quienes eran alcaldes, de unos 40 % en promedio, subía a más de 50 % cuando no se les detectaban faltas y se reducía a cerca de la mitad cuando eran tres o más. Pero una réplica con otra parte de los datos encontró lo contrario: quienes tenían faltas se postulaban y ganaban más. En Italia, la sospecha de corrupción redujo la probabilidad de ganar menos de 10 %, y los autores lo atribuyen a una cobertura mediática excepcional.
El artículo propone una lección metodológica, que es quizá su aporte principal: la conclusión depende de cómo se mida la sanción. Evitar la aprobación presidencial, la intención de voto declarada y los cambios en el porcentaje de votos, porque pueden mostrar variaciones sin que haya una sanción real, y preferir la reelección o la pérdida del cargo. Para el segundo vínculo, mirar conductas anticipatorias de quienes gobiernan. Estas muestran un efecto de fin de periodo: la capacidad de respuesta sube justo antes de la elección, lo que apoya la idea de que existe una amenaza, pero solo «justo antes del día de la elección».
La conclusión de Maloy es pesimista. Los métodos más rigurosos han dado resultados más escépticos, las elecciones tienen una «anemia» de rendición de cuentas y no pueden remediar por sí solas los déficits democráticos sin cambios institucionales mayores. Aclara que pueden cumplir otras funciones. Leída así, la respuesta es que las elecciones sancionan, pero de forma modesta y condicionada a que haya buena información, y que esa sanción es más difícil de ver cuando se la mide por la reelección que cuando se mide por el porcentaje de votos.
Otros ven el panorama menos sombrío. El propio artículo reseña a quienes citan los estudios de auditorías de Brasil como prueba de que las elecciones sirven si se resuelve el problema de la información, y Maloy concede que ambas lecturas pueden ser ciertas a la vez: un grado modesto de rendición de cuentas bajo condiciones excepcionales de buena información. La discusión es, en parte, sobre cuánto es «suficiente».
Los límites merecen atención. El artículo es de 2014 y revisa estudios hasta esa fecha. Las tablas clasifican con lo que dicen los autores, no con una revisión sistemática. La propia medida que favorece (la reelección) tiene problemas que Maloy reconoce: en los sistemas parlamentarios un gobierno puede caer sin que medie la elección, y los límites de mandato impiden que quien gobierna sea sancionado. Y aunque incluye casos como el de Brasil, no se detiene en lo que podría ser particular de América Latina, que es justamente lo que importa para leer el voto en la región.
El artículo está en inglés y es de acceso abierto. Las Tablas 1 y 2 resumen los estudios por tipo de resultado y por variable usada. Para probar la idea, toma un caso de mal gobierno y pregúntate qué contarías como sanción: ¿perder la elección, perder votos o que cambie lo que se hace? ¿Cuál de esas medidas vería mejor lo que sucedió?
Referencias bibliográficas
Maloy, J. S. (2014). Linkages of electoral accountability: Empirical results and methodological lessons. Politics and Governance, 2(2), 13–27. https://doi.org/10.17645/pag.v2i2.24 Acceso abierto: https://cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/download/24/50
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