A veces les planteo a mis estudiantes un ejercicio de observación simple: miren la estructura de cualquier torneo de fútbol. Lo que parece un simple formato de competencia deportiva es, en realidad, una de las reproducciones más fieles y obstinadas del modelo del Estado-nación moderno.
El andamiaje entero del fútbol asociado se construyó calcando las fronteras políticas de los siglos XIX y XX. No solo los torneos de selecciones —donde la asociación es obvia—, sino también las ligas de clubes descansan sobre una base estrictamente nacional. Las asociaciones o federaciones operan como ministerios soberanos en su territorio, dictando reglas que, si las observamos a través de la lente de la economía política, no son otra cosa que mecanismos para segmentar el mercado laboral. Los cupos de «extranjeros» o «no formados en el país» en las ligas locales son políticas proteccionistas de manual, diseñadas para mantener la ilusión de una identidad nacional autocontenida y proteger el empleo local.
Pero esa identidad monolítica de pueblo, nación y Estado que la modernidad intentó empaquetar con un moño siempre ha tenido fugas. Si revisamos los archivos de los primeros torneos internacionales, encontramos que los equipos de asociaciones nacionales ubicadas en territorios coloniales o excoloniales estaban integrados, en su inmensa mayoría, por migrantes europeos o sus descendientes directos. Desde el inicio, la pureza nacional en la cancha fue un mito.
La globalización y las crisis migratorias han puesto en jaque esa segmentación del mercado, generando una paradoja interesante: las mismas fronteras que las federaciones buscan blindar terminan siendo vulneradas por ellas mismas cuando salen al extranjero para captar talento. Vemos a los reclutadores estatales hurgando en los árboles genealógicos para encontrar jugadores nacidos a miles de kilómetros de distancia que tengan algún antepasado que justifique su convocatoria. El fenómeno reciente de los «europibes» argentinos ilustra a la perfección esta cacería: jóvenes nacidos y formados en España o en Inglaterra son captados tempranamente por la burocracia deportiva argentina para asegurar su lealtad nacional.
Como contrapartida histórica, tenemos los intentos de cooptación a la inversa. Pensemos en los esfuerzos de la federación española por «nacionalizar» a un adolescente Lionel Messi. A pesar de haberse formado futbolística y vitalmente en Europa, Messi operó como un ejemplo contrario, resistiendo las presiones institucionales para aferrarse a la representación del país donde nació. En clave de teoría de la subjetivación, el caso de Messi es interesante no solo como anécdota, sino también como límite: muestra que el aparato estatal puede diseñar el dispositivo de interpelación (la oferta de pasaporte, la construcción de «lo español» a su medida), pero no puede garantizar que el sujeto se reconozca en él. La nación, incluso cuando se ofrece como opción racional, sigue dependiendo de una adhesión afectiva que no se decreta.
Y este mismo Mundial 2026 que se juega mientras escribo esto es, quizás, el laboratorio más extremo de esta tensión. Según el recuento oficial de la FIFA, 289 de los 1,248 futbolistas convocados —casi uno de cada cuatro— representan a un país distinto al de su nacimiento, la proporción más alta en la historia del torneo; solo 8 de las 48 selecciones están integradas exclusivamente por jugadores nacidos en el país que representan (Olympics.com; Expansión). México, uno de los tres países anfitriones, no es la excepción: convocó a cinco jugadores nacidos en el extranjero (Santiago Giménez, Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez y Obed Vargas), su cifra más alta en la historia de sus participaciones mundialistas (Claro Sports).
Pero el terreno de juego del Estado-nación no solo se manifiesta en las convocatorias, sino que también se impone literalmente en el control migratorio del país anfitrión. El 14 de enero de 2026 el Departamento de Estado de EE. UU. suspendió el procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países, varios de ellos con selecciones clasificadas al torneo; la selección de Irán tuvo que entrenar y alojarse en Tijuana ante la parálisis de sus visados, viajando el mismo día únicamente para jugar sus partidos en Los Ángeles y Seattle; y al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado el mejor de África, se le negó la entrada al país, perdiéndose la oportunidad de convertirse en el primer juez somalí en pitar un Mundial (Semana; Wikipedia). Pocas imágenes ilustran mejor la tesis de este texto que una selección obligada a «vivir» fuera del país que enfrenta y un árbitro impedido de cruzar la frontera que el propio torneo pretende volver irrelevante.
La movilidad del capital y del trabajo rebasó definitivamente las líneas de cal. Los pasaportes deportivos chocan de frente con una realidad demográfica que ya no cabe en el viejo molde del Estado-nación, fracturando un discurso identitario que, como veremos en la siguiente entrada, empieza a mostrar sus grietas más violentas.
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