En la ciencia política solemos obsesionarnos con la distribución de los escaños, las reglas procedimentales, el diseño electoral o el monopolio de la fuerza física. Sin embargo, pasamos por alto que el poder opera también, y de manera profunda, en la distribución de la credibilidad. Nos enfrentamos aquí a una interrogante analítica y normativa: ¿quién es considerado un sujeto de conocimiento legítimo en nuestra sociedad y a quién se le niega sistemáticamente el estatus de interlocutor válido?
La filósofa Miranda Fricker, en su obra Injusticia epistémica, articula un marco conceptual para comprender los agravios que sufre una persona específicamente en su calidad de sujeto de conocimiento. Su enfoque demuestra que la interacción humana más elemental, la de emitir y recibir un testimonio, rara vez ocurre en un vacío aséptico o neutral. Por el contrario, el intercambio comunicativo está irremediablemente minado de prejuicios identitarios.
Cuando una persona perteneciente a un grupo subalternizado toma la palabra, quien escucha desde una posición hegemónica suele atribuirle un déficit de credibilidad inmerecido, basado en estereotipos. No se le cree, no por una supuesta falta de evidencia empírica en sus afirmaciones, sino estrictamente por su posición de clase, su identidad de género o su raza. Esta injusticia epistémica despoja al individuo de su agencia política primaria: la capacidad de inteligibilidad y de ser escuchado con respeto en la arena pública. Normativamente, esta distribución desigual del crédito epistémico es una de las formas más perversas de sostener un orden excluyente. Una democracia que consagra la libertad de expresión en su texto constitucional, pero que, en la práctica cotidiana, desestima sistemáticamente la voz de los sectores periféricos, tachándolos de irracionales o emocionales, es una democracia profundamente mutilada.
El problema se agudiza y revela su matriz estructural cuando incorporamos al debate los aportes de Moira Pérez y su lectura sobre la violencia epistémica. Pérez obliga a mirar más allá del mero intercambio individual defectuoso o del prejuicio personal. El análisis político debe desplazarse hacia la invisibilidad sistémica y la producción activa de la ignorancia. El silenciamiento no opera únicamente cuando una autoridad censura o manda callar a otra persona mediante la coacción; opera de forma mucho más rotunda y eficaz cuando los marcos de comprensión disponibles en la sociedad hacen que la experiencia vital de los oprimidos ni siquiera pueda ser formulada, codificada o comprendida como un agravio legítimo. Es una violencia perfecta porque borra las huellas de su propia ejecución.
Pensar la realidad latinoamericana exige reconocer de manera frontal esta dimensión de la dominación. Pensemos en los familiares de víctimas de la violencia estatal o en las comunidades indígenas desplazadas por el extractivismo: a diario, sus reclamos chocan contra un andamiaje institucional que los tilda de anecdóticos o de carecer de rigor probatorio. Desenmascarar esta violencia es un acto de urgencia ética. Quienes se forman para analizar lo público —ya sea en un aula o por cuenta propia— tienen la obligación de afinar el oído ante lo que el sistema ha decidido ignorar. La pregunta no es únicamente quién habla, sino qué arreglos sociales hacen que algunas voces ni siquiera cuenten como conocimiento. Seguir a Fricker y Pérez permite escuchar esa desigualdad allí donde suele presentarse como una simple falta de rigor.
Referencias bibliográficas
Otras puertas de esta serie:
- La crítica a la igualdad que borra las diferencias comienza en El mito de la venda en los ojos: por qué la verdadera igualdad exige reivindicar la diferencia.
- Para examinar cómo los saberes subalternizados responden a esa desigualdad de credibilidad, continúa en [La rebelión de los saberes: cómo se forja el conocimiento desde los márgenes].
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