Imagina la plaza de tu municipio durante un cierre de campaña. El candidato a la alcaldía sube al templete. Antes de plantear propuestas sobre presupuesto o recolección de basura, un dirigente religioso toma el micrófono, realiza una oración y unge al político. El discurso posterior entrelaza textos sagrados con promesas de obra pública. Quienes asisten asimilan la escena con naturalidad. Días después, el candidato gana la elección y la agenda de gobierno comienza a reflejar los mandatos de esa congregación.
Este escenario ilustra una ruptura. La sociología política del siglo XX partía de la premisa de que la modernización relegaría la religión al ámbito privado de los individuos. Asumíamos que las creencias operaban de forma independiente de las campañas electorales. La evidencia desmintió la hipótesis. Dios retornó a las urnas y a los congresos.
El investigador José Casanova conceptualizó este fenómeno como la «desprivatización» de la religión. Las instituciones religiosas rechazaron la marginación impuesta por el Estado secular. Ingresaron a la esfera pública para disputar el poder político y económico.
El sociólogo Roberto Blancarte documenta cómo este activismo fricciona con el diseño del Estado laico en América Latina. Esta estructura institucional separa la legitimidad del poder político de cualquier autoridad divina, de modo que los derechos civiles no dependan de dogmas. Actualmente, se constata la hipermovilización de los movimientos evangélicos y neopentecostales en la región. Estas organizaciones dominan la lógica de la acción colectiva desde sus bases y construyen bancadas en los parlamentos.
El objetivo empírico de estas facciones consiste en traducir agendas religiosas al código penal del Estado. Utilizan las reglas de la democracia representativa para dictar regulaciones, centrando su acción en el control de los cuerpos y los derechos reproductivos mediante la fuerza coercitiva estatal.
Observa el debate legislativo en tu congreso local. Cuando los representantes discuten iniciativas sobre diversidad o salud pública, identifica sus argumentos. Evalúa si legislan a partir de la voluntad mayoritaria y la pluralidad ciudadana, o si utilizan un texto sagrado como fundamento legal, retando el límite institucional del Estado laico.
Deja un comentario