Imagina que te invitan a jugar una partida de cartas cuyas reglas son claras y están escritas a la vista de todos. El crupier reparte, las apuestas corren y, formalmente, estás participando. Sin embargo, conforme avanza la noche, notas algo perturbador: el crupier le entrega comodines extra a un solo jugador, le permite ver tu mano y, cuando estás a punto de ganar, cambia arbitrariamente el valor de las fichas.
Estás jugando, sí. Pero la partida estaba arreglada desde el principio.
Cuando se analizan regímenes no democráticos, se enfrenta una pregunta que resulta casi contraintuitiva para quienes estudian los sistemas de gobierno: si un líder concentra todo el poder y opera empíricamente como un dictador, ¿por qué se toma la inmensa molestia y el gigantesco gasto financiero de organizar elecciones periódicas?
La respuesta requiere abandonar la visión romántica del sufragio. Necesito observarlo fríamente como una tecnología de dominación.
La fachada democrática y la cancha inclinada
Durante décadas, la ciencia política pecó de un exceso de optimismo institucional. Asumió que cualquier país que abriera las urnas y permitiera la formación de distintos partidos políticos estaba inevitablemente transitando hacia una poliarquía plena.
Steven Levitsky y Lucan A. Way rompieron esa ilusión óptica en su trabajo seminal sobre el tema.
Ellos acuñaron un concepto empírico indispensable para entender el comportamiento político de este siglo: el autoritarismo competitivo.
En los términos planteados por Levitsky y Way, un régimen de autoritarismo competitivo es aquel en el que las instituciones democráticas formales existen y constituyen el medio principal para obtener el poder, pero el abuso sistemático del Estado las inclina de tal manera a favor del oficialismo que el sistema no puede considerarse democrático.
En estos escenarios territoriales, la oposición no está prohibida por un decreto fulminante dictado desde un palacio presidencial. Las personas disidentes pueden registrar agrupaciones, rentar oficinas, imprimir propaganda y, finalmente, salir en la boleta electoral.
Compiten, pero lo hacen en una cancha que está diseñada para que resbalen constantemente.
El monopolio de los recursos y la asfixia estructural
Desde una perspectiva analítica, se observa cómo estos regímenes logran vaciar de su potencial emancipador las elecciones.
El acto de votar deja de ser una herramienta de transformación ciudadana para convertirse en un ritual de legitimación hegemónica. Se celebra la elección para enviar una señal de aparente normalidad que apacigüe a los mercados y a la comunidad internacional, mientras se busca, simultáneamente, desmoralizar y quebrar a la disidencia interna, demostrando la invulnerabilidad del líder.
Empíricamente, este modelo es brillante en su perversidad: no necesita cancelar los comicios; le basta con garantizar que la derrota del partido gobernante sea estadísticamente casi imposible.
¿Cómo opera esta asfixia estructural en el día a día?
A través de la cooptación milimétrica del Estado. El oficialismo utiliza el presupuesto de las secretarías públicas, los programas sociales y la infraestructura gubernamental como si fueran la cuenta bancaria de su propio partido.
Los medios de comunicación independientes son hostigados sistemáticamente con auditorías fiscales o terminan comprados por empresarios afines. El golpe definitivo, sin embargo, siempre va dirigido contra el árbitro. Los institutos electorales encargados del conteo y los tribunales responsables de resolver las disputas terminan colonizados por magistrados cuya lealtad primaria no es a la ley, sino a la continuidad del proyecto político en el poder.
Las urnas se abren el domingo y la ciudadanía acude a depositar su boleta en aparente libertad individual. Pero la voluntad popular ya fue moldeada, manipulada y acorralada durante los meses de hostigamiento previo.
El callejón del disidente
Frente a un escenario de autoritarismo competitivo, la ciudadanía crítica choca contra un muro estratégico sumamente complejo. Participar parece inútil; abstenerse parece una rendición total que le regala el control absoluto al autócrata.
Te propongo este dilema analítico para que lo desmenuces a título personal, rescatado de una de esas anotaciones al margen que suelo hacer en mi cuaderno.
Si habitas en un sistema donde sabes, con evidencia empírica, que el gobierno controla al árbitro, exprime los recursos públicos para su propia campaña y utiliza el aparato de justicia para perseguir a los perfiles rivales: ¿ir a votar es un acto de complicidad que legitima la farsa de quien ostenta el poder, o es la única rendija institucional que queda abierta para intentar forzar una fractura del régimen desde adentro?
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