Existe una inercia muy cómoda en el análisis político cotidiano que insiste en ver a la ciudadanía como una junta de accionistas. Bajo esta óptica, el sufragio opera como una estricta auditoría financiera: si hay crecimiento, empleo y estabilidad de precios, el gobierno retiene el poder; si la inflación asfixia a los hogares o el estancamiento se vuelve crónico, el partido oficial es desalojado sin piedad. Sin embargo, como explorábamos en otra entrada al desmenuzar las lecciones empíricas de teóricos como J. S. Maloy sobre los frágiles vínculos de la rendición de cuentas, la realidad material rara vez se traduce en un castigo electoral automático. Hoy, ese modelo del votante calculador se enfrenta a su mayor amenaza cognitiva y social: la polarización extrema.
Cuando el espacio público se fractura en trincheras irreconciliables, el comportamiento electoral sufre una mutación interesante. La polarización contemporánea no se reduce a una simple divergencia sobre el diseño de políticas públicas o la tasa impositiva ideal. Hablamos de una fisura afectiva, una división del mundo en categorías morales cerradas donde el «nosotros» representa la salvación nacional y el «ellos» encarna una amenaza existencial inminente. Frente a este nivel de estrés identitario, la evaluación retrospectiva del desempeño gubernamental entra en un profundo cortocircuito.
El mecanismo psicológico que subyace a esta anulación es el razonamiento motivado. Un electorado fuertemente polarizado pierde la capacidad de leer la economía con neutralidad objetiva. El partidismo o la lealtad a un liderazgo actúa como un lente grueso que distorsiona la interpretación de los datos materiales. Si mi facción política ocupa el gobierno, cualquier crisis económica será sistemáticamente decodificada como el producto inevitable de factores externos —una pandemia, la volatilidad de los mercados globales, un boicot empresarial— o como la pesada herencia de las administraciones anteriores. Los aciertos, por minúsculos que sean, se convertirán en triunfos históricos. Por el contrario, si quienes gobiernan pertenecen al bando adversario, hasta el más leve repunte inflacionario será esgrimido como prueba irrefutable de su incompetencia absoluta o de su malicia estructural.
La literatura reciente, al explorar el voto económico en escenarios de alta polarización, advierte sobre un fenómeno corrosivo para la teoría democrática: la polarización reduce drásticamente la capacidad ciudadana de sancionar los malos resultados. Opera, en la práctica, como un escudo protector frente a los malos gobiernos. Cuando la contienda electoral deja de ser una evaluación de desempeño para convertirse en un referéndum sobre la identidad, la lealtad al proyecto se impone al dolor del bolsillo.
Observar nuestro entorno inmediato, en particular el escenario mexicano reciente, ofrece un laboratorio extraordinario para poner a prueba estos postulados. El debate público ha dejado de orbitar en torno a indicadores de eficacia administrativa. Un liderazgo capaz de articular una frontera política nítida —señalando a un antagonista claro y movilizando agravios históricos— logra blindar su base de apoyo frente a retrocesos económicos que, en un clima de menor polarización, resultarían electoralmente letales. La ciudadanía no perdona el fracaso económico por ignorancia, sino porque el costo psicológico e identitario de darle la razón al «enemigo» resulta infinitamente superior al de tolerar la propia ineficiencia.
Para las y los politólogos en construcción, el desafío analítico radica en abandonar la soberbia intelectual que reduce estas lealtades a una simple «ceguera» ciudadana. Nuestro oficio exige comprender la profunda racionalidad afectiva que sustenta estas trincheras. Preguntarnos bajo qué condiciones un votante decide romper el cerco de la polarización para exigir cuentas, o por qué prefiere hundirse con su facción antes que ceder un centímetro al adversario, es una vía para descifrar el pulso de nuestras democracias contemporáneas.
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